Empresas de Autobuses contra vehículos compartidos; empieza la guerra

Si algo bueno ha conseguido la actual crisis económica ha sido agudizar el ingenio de los ciudadanos de medio mundo y, entre ellos, los españoles. Cada vez se ingresa menos y hay que ahorrar más para poder subsistir. ¿De dónde? De cualquier sitio pero, sobre todo, de los gastos que se llevan la parte del león del presupuesto familiar. Y entre estos gastos está, por supuesto, el coche.

Ya hace varios años que los españoles importamos una sana costumbre de los países civilizados: el compartir vehículo para realizar desplazamientos habituales, sobre todo para ir a trabajar o para llevar los niños al colegio. Y para facilitar que todas estas personas que quisieran compartir coche se pusiesen en contacto surgieron varias empresas que realizaban esta labor. A través de Internet podemos encontrar muchas: BlaBlaCar, Amovens, Carpooling, Viajamosjuntos, Compartocoche y otras.

   

Sin embargo, no todos están de acuerdo en que esta costumbre arraigue en la sociedad española. La patronal del transporte en autobús, Fenebús,  acaba de denunciar a la plataforma colaborativa BlaBlaCar por incumplir la ley de ordenación de los transportes terrestres e incurrir en actos de competencia desleal.

Según José Luis Pertierra, director de Fenebús, "BlaBlaCar es un servicio ilegal. Ha creado una red de transporte público en coches particulares por el que cobran una cantidad de dinero bajo pretexto de asumir el coste de la gasolina. Pero no cuentan con ningún tipo de autorización administrativa, aunque estén actuando como una empresa de transporte público. Les hemos denunciado ante la subdirección general de inspección del Ministerio de Fomento por ser un servicio irregular. También nos hemos dirigido a la Defensora del Pueblo, frente a la inseguridad jurídica que existe frente a posibles accidentes".

Por su parte, BlaBlaCar, que asegura que desde que se creó hace cinco años ha facilitado el transporte de 700.000 pasajeros al mes en los diez países que opera,  especifica que su plataforma cumple escrupulosamente con lo especificado en el artículo 101 de la ley de ordenación de los transportes terrestres, que define que "en ningún caso, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas", y aseguran que son una página diseñada para que los conductores cubran sólo los gastos del viaje y que nunca reciban un beneficio extra. Por lo tanto, al no haber ganancia económica, sólo se les debe aplicar el régimen de transporte privado.

Desconocemos si la denuncia seguirá su curso y quién se llevará el gato al agua al final del proceso, pero resulta paradójico que un sistema creado para ahorrar desplazamientos en vehículo privado por nuestras congestionadas ciudades (menos coches, menos gasolina, menos contaminación, menos accidentes…) sea cuestionado en nuestro país. Empresas que en muchas ocasiones obligan a sus conductores a pasarse de horas en el tacógrafo, a cambiar de autobús para intentar engañar a los agentes de la Guardia Civil, a usar tacógrafos trucados y a comprar discos fraudulentos en el mercado negro, ¿se preocupan ahora por la seguridad de los vehículos compartidos?

Por supuesto que se les tiene que exigir que el vehículo esté en condiciones, que posean un seguro que cubra a los pasajeros y que el conductor sepa lo que se lleva entre manos. O sea, se les tiene que exigir lo mismo que a un padre que coge su monovolumen para llevar a su familia a pasar unos días a la playa. Ni más ni menos. Y si los agentes encargados de la seguridad vial encuentran algún vehículo que no cumpla las normas, que le apliquen la ley vigente. Que para eso está.

El resto son invenciones y triquiñuelas de un grupo de empresarios que temen perder los privilegios otorgados a sus compañías. Y los ciudadanos ya estamos hartos de los monopolios encubiertos.  

Dentistas solidarios: más direcciones y teléfonos

La crisis económica continúa apretando y cada vez son más las personas que no pueden acudir a un odontólogo de pago (ya saben que la Seguridad Social apenas cubre los problemas bucodentales). Si usted tiene que acudir urgentemente a un dentista y no tiene los recursos económicos suficientes, no desespere: existe un grupo cada vez más numeroso de dentistas y estudiantes de odontología que ofrecen sus servicios de forma gratuita o a precio muy económico a las personas necesitadas.

Ya escribimos dos posts (aquí y aquí) en los que indicábamos las condiciones que debían reunir las personas que acudieran a estos centros y enumerábamos algunos de ellos. Ahora, la Fundación Odontología Solidaria amablemente nos ha remitido un listado actualizado de sus centros que les resumimos a continuación:

 - Granollers (Barcelona)

Avinguda del Parc, 9, 1º
08402 Granollers
Teléfono 93 879 42 60.
E-mail: comunicacion@odsolidaria.org
Responsable: Rafa Montaña

- Madrid
María Teresa de León, 11
28051 Madrid
Teléfon: 91 534 68 29.
E-mail: comunicacion@odsolidaria.org
Responsable: Mayte García Reguero

- Valencia
Balmes, 23, 2º
45001 Valencia
Teléfono: 96 315 46 09
E-mail: comunicacion@odsolidaria.org
Responsable: Alba Gil


- SOPS Badalona (Barcelona)
Muntaner, s/n
08917 Badalona (Barcelona)
Teléfono 93 497 05 15
E-mail: comunicacion@odsolidaria.org
Responsable: Rafa Montaña

- Zaragoza
Hospital San Juan de Dios
Paseo de Colón, 14
50006 Zaragoza
Teléfono: 976 27 16 60 (unidad bucodental)
E-mail: comunicacion@odsolidaria.org
Responsable: Consuelo Tutor

- San Sebastián
Hospital Quirón Donostia
Parque Alcolea, 7 (Alto Egia)
20012 San Sebastián
Teléfono: 943 11 83 33
E-mail: comunicacion@odsolidaria.org
Responsable: José Cruz Ruiz Villandiego

- A Coruña
Avenida de Cádiz, 15
15008 A Coruña
E-mail: comunicacion@odsolidaria.org
Responsable: Brais Andújar

Recuerden que antes de llamar o de personarse en estos centros, el primer paso que se debe dar es acudir al centro de salud que nos corresponda, exponer nuestro caso y que nos digan cual debe ser el tratamiento. Si este tratamiento no está financiado por la Seguridad Social, debemos preguntar en el mismo centro por los trabajadores sociales de guardia. Nos dirigiremos a ellos para explicarles lo que nos sucede y nuestras carencias económicas. Tras estudiar cada caso, si cumplimos los mínimos requisitos exigidos, nos derivarán a estas clínicas solidarias para que nos atiendan.

Es preferible que pregunten estos requisitos en los servicios sociales de su ayuntamiento o comunidad pero, a modo indicativo, lo normal es que acepten a personas sin recursos económicos suficientes para acudir a una clínica privada, que sean capaces de asumir la responsabilidad del tratamiento (adquisición de hábitos de higiene, asistencia y puntualidad a las citas) y que no sean adictos a cualquier tipo de drogas (alcohol, heroína, etc.) o que lleven menos de un año rehabilitados.

Aprovechamos la ocasión para solicitarles su colaboración. Sabemos que al igual que existen estos profesionales solidarios en el mundo de la odontología, también hay otros médicos y sanitarios (oculistas, pediatras, etc.) que ayudan desinteresadamente a las personas sin recursos que lo necesitan. Si ustedes les conocen, agradeceríamos que nos remitiesen sus nombres y direcciones para hacerlas públicas. Y también de otras profesiones: abogados, educadores, asesores, fontaneros, mecánicos… Entre todos podemos conseguir que este mundo sea un poco mejor.  

PD. Pueden encontrar información sobre oculistas (oftalmólogos) gratuitos y solidarios en este enlace. 

Los bonos catástrofe disparan su rentabilidad

Habitualmente,  en el mundo de las finanzas el inversor suele ganar más dinero cuando las cosas le van mal a alguien. Una empresa gana más dinero si sus adversarios en el mismo sector quiebran; las acciones de una compañía suben si ésta decide despedir a parte de su plantilla y aumenta con ello sus beneficios anuales; los intereses de los bonos y las letras del tesoro aumentan si se sospecha que un país tiene riesgo de entrar en quiebra; los tipos de interés de los préstamos bajan si la economía entra en recesión…  en resumen, las desgracias provocan beneficios.  Pero esto no siempre es así: hemos encontrado una inversión en la que, si todo va bien, se puede ganar dinero. Mucho dinero. Son los llamados “bonos catástrofe”.

¿En qué consisten estos bonos? Los países desarrollados suelen asegurarlo prácticamente todo, ya sean viviendas, automóviles, cosechas, transacciones financieras,  ventas, transportes, etc.  Y dentro de todos estos seguros, quizá los más voluminosos y caros sean los que previenen a estados, empresas y particulares de los desastres naturales: inundaciones, fuegos, fuertes vientos, etc. Para cubrir los elevados desembolsos que provoca un desastre de este tipo para una compañía de seguros, éstas emiten un tipo de bonos denominado “cat-bonds” para trasladar parte de ese posible desembolso a los inversionistas que los adquieren asumiendo éstos el riesgo asegurador subyacente. Por lo tanto, si no se produce la catástrofe prevista, recupera su principal más los intereses apalabrados. En caso de que ocurra el desastre acordado, el grado de sus pérdidas depende de los términos establecidos en el contrato y la magnitud del evento.

Las primeras operaciones realizadas con estos “bonos catástrofe” se remontan al año 1994, aunque empezaron a ganar presencia a mediados de la pasada década. Se estima que en 2013, aseguradoras y reaseguradoras distribuyeron cat-bonds por 7.642 millones de dólares; una cantidad todavía pequeña si la comparamos con otro tipo de  emisiones pero que año tras año va en aumento.  Los principales inversores suelen ser fondos de pensiones con vocación de inversión de largo plazo.

¿Qué rentabilidad se puede obtener? Por supuesto, siempre dependerá de que ocurra o no una catástrofe natural concreta, pero los rendimientos obtenidos en la última década son como para quitarse el sombrero: la rentabilidad media en la década comprendida entre 2002 y 2011 fue del 8,4%. Y va a mejor ya que en 2012 se llegó al 10,3% y en 2013 se alcanzó la friolera del 10,9%.

¿Por qué estas rentabilidades tan altas? Fundamentalmente por dos motivos: el primero es porque con la sensibilización lograda con las previsiones apocalípticas sobre el cambio climático, se ha conseguido que cada vez sean más los habitantes del planeta que aseguran sus bienes. El segundo… pues que esas previsiones no se están cumpliendo y no han aumentado (más bien han disminuido) los desastres naturales. Al menos en las zonas donde las compañías han asegurado a sus clientes.

No hay duda de que la popularidad alcanzada en los últimos años por el calentamiento global y el cambio climático le ha venido muy bien a las compañías de seguros y a los inversores en general, ¿verdad?

Ya han muerto 400 nepalíes en las obras del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de fútbol de Qatar que se celebrará en el año 2022 fue, es y será un escándalo sin precedentes.

Lo fue porque no cabe en cabeza humana que se designe un país que en los meses en que tradicionalmente se celebra este magno evento “goza” de una temperatura media de más de 40 grados. ¿Cómo narices creen que con esas temperaturas se pueda hacer algo que no sea estar tumbado al lado de un buen aparato de aire acondicionado? Si salir a la calle ya es todo un reto, imaginen correr detrás de una pelotita: el espectáculo deportivo, sin ninguna duda, brillará por su ausencia.

La FIFA (algún día hablaremos de las fechorías de este grupo de vividores) alegó que la práctica del  fútbol estaba creciendo exponencialmente en los países árabes y que era de justicia permitirles que organizaran un Mundial. Supongo que no habrá nadie que no crea que en esta designación fue fundamental la fuerza de los llamados “petrodólares”. Ahora, cuatro años después de ser nombrado país organizador, dan la razón a los que pensábamos que era una locura y empiezan a sopesar la posibilidad de cambiar las fechas de la disputa del Mundial a meses con temperaturas más templadas como diciembre o enero.

Pero, desgraciadamente, por lo que se recordará este Mundial no será por los calores que sufrirán los jugadores y los espectadores (nos tememos gradas en las que el principal protagonista sea el hormigón) que acudan a este multimillonario país árabe. Hay situaciones mucho más graves que ésta. ¿Saben de dónde procede la mano de obra que está construyendo los estadios que albergarán el Mundial? Pues al igual que en las construcciones faraónicas del resto de los países que rodean el golfo: de la India, de Bangladesh y de Nepal. Éste último país ya tiene más habitantes en Dubái, en Qatar o en Bahrain que en su propio territorio. Y no trabajan precisamente en el paraíso.

Según un informe que prepara la ONG Comité de Coordinación para los Emigrantes Nepalíes (PNCC), al que ha tenido acceso el diario británico The Guardian, más de 400 trabajadores nepalíes han muerto ya en las obras y la proyección podría llevar a 4.000 muertes.

Su trabajo es un infierno: los inmigrantes están obligados a someterse al sistema de la “kafala” por el que cada trabajador está vinculado a quien lo contrata, que debe "patrocinarle". Esto se traduce en largas jornadas de trabajo bajo el sol sin apenas agua. Además,  los retrasos en el cobro de los salarios están a la orden del día.  Por supuesto, muchos no conocen los cascos y, hasta finales del pasado año, más de mil trabajadores nepalíes  habían pasado por los hospitales de Doha tras sufrir accidentes en las obras de los estadios. Al finalizar su maratoniana jornada, malviven hacinados en condiciones insalubres, sin electricidad ni agua caliente y sometidos a las altas temperaturas del país.

¿Por qué no abandonan y cambian de país o regresan al suyo? Pues porque no pueden; el sistema de la Kafala dictamina que los empleados extranjeros no pueden cambiar de trabajo y salir del país sin el permiso de sus empleadores y cuando los nepalíes anuncian que desean irse, les retienen dos o tres meses de paga y les quitan los pasaportes. Esclavitud con mayúsculas en pleno siglo XXI.

¿Quién saldrá en defensa de estos nepalíes? Ningún país occidental alzará la voz para defender a estas personas. Los derechos humanos de los inmigrantes en países árabes no le llega en importancia ni a la suela de los zapatos al imprescindible petróleo que se les compra. Tampoco confiamos en que los habituales grupos de izquierdas (que ponen el grito en el cielo cuando se deporta a un inmigrante ilegal en Europa) digan nada; que estén en continua guerra con Israel y por extensión con los Estados Unidos, hace que se les perdone cualquier tropelía, ya sea contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los inmigrantes o contra quien sea. ¿Y la FIFA, organizadora del evento? Mientras tengan los bolsillos llenos…

¿Qué creían que ocurriría cuando designaron a un país dictatorial como sede de un Mundial de fútbol? Tanto los que votaron a favor como los que lo permitieron deberían ser corresponsables de esta tragedia. A tiempo están de rectificar y de llevarse la gran fiesta del fútbol (que eso es lo que tiene que ser un Mundial) a otro país más civilizado donde se respeten las libertades y no se violen los derechos humanos. 

¿Comemos, casi gratis, en el restaurante del Ministerio?

Si (al menos en este caso) tiene la suerte de ser funcionario y visita Madrid, no lo dude: a comer, a cualquier Ministerio. No es broma; les paso los precios que se encontrarán de lunes a jueves:

- Restaurante del Ministerio de Empleo: 3,40 euros, pudiendo elegir un primer plato entre tres sugerencias, un segundo entre carne o pescado, postre y bebida. Pueden acudir funcionarios y familiares directos de éstos invitados.

- Restaurante del Ministerio de Sanidad: 5 euros con tres menús a elegir.

- Restaurante del Ministerio de la Presidencia: 6,60 euros el menú, pero se puede comer por 4,10 euros si no se pide el segundo plato o por 5,60 euros si lo que no se pide es el primero.

- Restaurante del Ministerio de Economía: menús por 6,75 euros.

- Restaurante del Ministerio de Hacienda: 6,40 euros, con postres diferenciados para los diabéticos.

Y si queremos algo especial: ¿por qué no vamos al Congreso de los Diputados? Las tres “B” de golpe: el sitio es bonito, la comida es buena y, sobre todo, resulta barato: menús del día por 9 euros, desayunos por 1,05 euros y cafés por 0,85 euros. A los funcionarios de la casa les cuesta justo la mitad (4,50 euros el menú) porque disponen de unos bonos similares a los cheques comida.

¿Cómo pueden funcionar con estos precios tan bajos? ¿Las empresas adjudicatarias son una mezcla de eficiencia, productividad y amor por el prójimo tipo Hermanitas de la Caridad? Pues nos tememos que no. En el caso del Congreso, la empresa adjudicataria se financia con una asignación de 4,3 millones de euros (más IVA) procedentes de la partida que los Presupuestos Generales conceden al Congreso de los Diputados. Además, el local es gratuito, incluida la limpieza del mismo y el mobiliario.

En los Ministerios de la Presidencia, Economía y Hacienda, el servicio se concede a la empresa concesionaria que oferte los precios más bajos siempre que los servicios sean equivalentes a una “cafetería de primera” y los productos sean de reconocida calidad. A cambio, al contratista le sale gratis el local, la luz, las reparaciones, la climatización o el agua. Y en el Ministerio de empleo son los empleados del propio departamento los que gestionan y atienden el restaurante. Ello significa que el precio está subvencionado ya que se mantiene una dotación presupuestaria.

En la mayoría de las cafeterías, bares y restaurantes de las administraciones y organismos públicos los precios están protegidos y se puede comer por un precio incluso inferior al que se paga en una guardería o en un colegio. Si tenemos en cuenta que en cualquier restaurante económico de Madrid, el menú del día no baja de los 10 euros, ¿quién paga la diferencia? Pues ya saben: los contribuyentes españoles.

Sin embargo, esto no es lo peor. Lo más sangrante es que desde el Ministerio de Empleo (menú subvencionado de 3,40 euros), Fátima Báñez decidió por decreto antes de acabar el pasado año que los vales de comida de los trabajadores del sector privado coticen a la Seguridad Social al igual que el transporte o cualquier otro tipo de remuneración en especie. Además, se obliga a la empresa privada a incluir en la base de cotización de los trabajadores la parte del servicio del comedor que esté subvencionada o su coste total si lo hacen íntegramente. Pues bien, no hay constancia de que Báñez (y ya han pasado dos meses) haya empezado a aplicar esta medida a sus trabajadores de su Ministerio a pesar de que les subvenciona el restaurante. Y lo mismo ocurre con el resto de Ministerios y organismos oficiales.

No tenemos nada en contra de los funcionarios, pero si el resto de los trabajadores españoles tienen que tributar por los vales comida, ¿por qué ellos (cuya subvención sale del bolsillo de todos los españoles y no del de  un empresario privado) no? O todos o nadie, señora Báñez.       

Siendo el tema de la cotización importante, no quiero que eclipse lo que de verdad debe importarnos a todos los ciudadanos españoles: ¿por qué los funcionarios tienen que tener estos privilegios? ¿Acaso cobran todos ellos el Salario Mínimo Interprofesional? ¿No llegan a mileuristas? ¿Trabajan a cambio de comida? Por favor: que estamos en crisis y muchos españoles lo pasan muy mal a la hora de encontrar algo que comer.